domingo, 19 de julio de 2015


El conflicto armado interno colombiano, históricamente ha servido para restringir libertades y para violar derechos, acciones estas justificadas por los actores del conflicto, que desde diferentes perspectivas, buscan penetrar y conquistar espacios de acción civil.




Esta guerra de baja intensidad que Colombia sufre desde hace ya casi 50 años, deja en evidencia no sólo la incapacidad de los ejércitos enfrentados de conseguir la victoria, sino las efectivas maniobras de unos y otros, de perpetuar el conflicto, de tal forma que con su naturalización, logran aplazar viejos anhelos como el de afianzar y profundizar la democracia, atacar de manera clara y efectiva la concentración de la riqueza y su consecuente correlato, la pobreza, y de consolidar el Estado-nación como un tipo de orden viable, perenne, confiable y por sobre todo, garante del desarrollo digno de proyectos colectivos e individuales.

Por ello, tanto los guerreros como aquellos líderes políticos, económicos y sociales que insisten en la guerra interna, logran frenar de manera clara el desarrollo, la apertura democrática y en general, la construcción de un Estado fuerte, de una nación diversa étnica y culturalmente, que actúe y se manifieste a través de unos mínimos identitarios que nos permitan compartir ideas y sueños de un mejor país. Esos actores han terminado sirviendo a los intereses de los señores de la guerra que desde los ámbitos nacional e internacional actúan para que la idea de paz en Colombia se aleje cada vez más. No hay que olvidar que la imposibilidad de construir un Estado fuerte beneficia a sectores hegemónicos económicos, políticos y sociales, que imponen sus proyectos en todo el territorio nacional.